El ‘milagro de Atacama’ confirmó entreguismo de los gobiernos e incapacidad de la empresa privada

Gobiernos del duopolio binominal, Parlamento y empresariado son los responsables culposos de las desgracias laborales ocurridas en el país.
¡VIVEN!, fue el feliz grito que millones de chilenos lanzamos al aire la tarde de ese inolvidable domingo 22 de agosto. Y después de aquella exclamación vinieron aparejados el sentimiento, la euforia y la emoción. La noticia era tan sorprendente, tan maravillosa y llena de alegría que impidió el juicioso raciocinio hasta muchas horas después.
Al momento de escribir estas líneas, los treinta y tres mineros continúan aislados del mundanal ruido a setecientos metros bajo la superficie nitrosa de la pampa nortina. Están en las entrañas de la pacha mama, en aquellos lugares que ellos conocen a la perfección, que aman y cuidan como si fueran sus hijos...pero se encuentran dolorosamente alejados de sus seres queridos, de sus amigos, de sus amores deportivos y de sus rutinas. Saben que tarde o temprano regresarán a sentir los pequeños dardos que el sol pampino clava en la piel de los hombres que cruzan sus escenarios de caliche y cerros coloridos. No obstante, son conscientes de que ello no ocurrirá mañana ni pasado, sino en algunos meses, cuando la patria haya olvidado casi los festejos del bicentenario y se apreste a conmemorar -con el júbilo renovado- un aniversario más del nacimiento de aquel niño hijo de un carpintero.
En el ínterin, el balance de lo acaecido estos últimos 20 días en las tierras copiapinas obliga a algunos, necesariamente, a realizar una fría evaluación respecto de las responsabilidades que tuvieron los distintos actores del quehacer laboral, político y administrativo en este delicado asunto.
Comencemos destacando lo positivo. Digamos, sin ningún temor al error, que los ingenieros, técnicos y obreros especializados de las distintas divisiones de Codelco, cumplieron a las mil maravillas sus cometidos en el trabajo realizado en la mina San José. Ellos ‘hicieron bien su pega'. Dirigidos por el ingeniero André Sougarret -gerente de Minas, División El Teniente de Rancagua- descorcharon la botella donde dormía la esperanza y derramaron luces sobre las almas de millones de compatriotas, devolviéndole al país la felicidad y alegría de saber que es posible derrotar a la tragedia.Los treinta y tres trabajadores de la empresa minera San Esteban también han hecho bien su pega. No sólo ahora, sino siempre. Durante años extrajeron el mineral que sus contratos laborales exigían. Nunca fallaron, nunca desmayaron en sus faenas ni en sus compromisos. Solamente la corrupción oficial, convertida en derrumbe, interrumpió esa realidad. Y ese derrumbe vino a develar -una vez más- la irresponsabilidad que caracteriza a algunos empresarios cuyo motivo único es satisfacer su ambición económica, independiente de los males que ello pueda ocasionar a cientos de personas y, en algunos casos, al país mismo.
Es que, definitivamente, en nuestro país hay actores y sectores que nunca han hecho bien su pega, y son quienes más dinero fácil y dulce ganan por trabajar mal, con displicencia y a media máquina. Esta referencia debe ser apuntada al Poder Legislativo y a los gobiernos. Ellos son quienes han trabajado mal, tarde y con desidia, pero privilegiando en exclusiva forma a los poseedores de capital económico, a los poderosos inversionistas criollos y extranjeros.
Parlamento y Ejecutivo han bajado no sólo su cabeza ante las demandas del empresariado, sino también han puesto en evidente riesgo la vida y el futuro de millones de chilenos cuyas existencias -en estricto rigor- son consideradas desechables por los dueños del capital y, también, por muchas autoridades públicas. Una vez más, los políticos -asociados en el duopolio Alianza y Concertación- abrieron las puertas del país a los depredadores que vieron en Chile un campo fértil para sus expolios, ya que alquilaron (y en muchos casos compraron) las conciencias de quienes tenían la obligación de legislar en beneficio del país y de sus habitantes, logrando que esos representantes del pueblo abominaran del futuro de la nación y de sus propios votantes.
Es así entonces que el Congreso Nacional se ocupó (y se preocupó) en afinar legislaciones que favorecieran ampliamente a los empresarios sin detenerse a discutir respecto de la seguridad laboral ni de los salarios de aquellos que tendrían la responsabilidad de hacer funcionar esas empresas. Legislaron en contra de los trabajadores, así de simple. En suma, los diputados y los senadores del duopolio binominal Alianza-Concertación son responsables directos de lo ocurrido en la mina San José...tal cual han sido también responsables por la pérdida de decenas de vidas humanas en Lota, en pirquenes, en construcciones inmobiliarias y en múltiples empresas, incluyendo aquellas que, burlonamente, la Sofofa o la Confederación de la Producción y el Comercio premian destacando su "magnífica seguridad laboral".
Se equivocan aquellos que piden a gritos que alguien "le ponga el cascabel al gato", ya que el adminículo tintineante lo llevan guardado en sus bolsillos precisamente quienes tendrían que portarlo en sus cuellos como colgantes.¿Quiénes son los responsables de las legislaciones permisivas? Los parlamentarios, por cierto. ¿A quiénes debe acusar el dedo del pueblo por permitir a las empresas tantas licencias y menosprecio en asuntos de imposiciones previsionales, salarios, seguridad laboral, control de calidad y respeto al medio ambiente? A los parlamentarios, por supuesto, ya que son ellos quienes han legislado tibiamente, promoviendo la corrupción y el entreguismo.
Otro responsable de la desgracia acaecida en una mina en Atacama es, sin duda ninguna, el gobierno...o los gobiernos...o el ejecutivo, o como usted quiera llamar a la Presidencia de la República, incluyendo a los funcionarios del gobierno interior amén del gabinete ministerial. Entiéndase que la culpabilidad no recae solamente en la actual administración encabezada por Sebastián Piñera, ya que el primer gran error -o primera grosera patinada corrupta- sucedió durante el período administrativo de Michelle Bachelet.
¿No fue doña María Ester Feres, ex Directora del Trabajo, la que autorizó el año 2008 la reapertura de la mina San José? ¿Y no ha reconocido hoy día la señora Feres, que en ese entonces no fue capaz de soportar fuertes presiones para mantener en funcionamiento la mina San José, pese a sus precarias condiciones? ¿Presiones de quién? Obviamente, del Ejecutivo, de algunos parlamentarios y del mismo empresariado. ¿Y cómo se llama eso? ¡¡Corrupción criminal!!
No termina ahí la responsabilidad culpable del Ejecutivo; ahora del actual, ya que Sernageomin fue informado por la Dirección del Trabajo respecto de las pésimas y peligrosas condiciones presentadas por la mina San José. No obstante, Sernageomin guardó ominoso silencio y hoy aduce en su defensa que no cuenta con suficiente personal para fiscalizar tantas obras e instalaciones mineras en el país, lo cual tiene asidero puesto que se sabe, por ejemplo, que en la región de Atacama existen más de 90 pequeñas empresas mineras y ese servicio público cuenta con tan solo tres fiscalizadores.Sin embargo, lo que aconteció luego merece el más amplio repudio nacional, pues el Ministerio del Trabajo, dirigido por doña Camila Merino, fue oficial y oportunamente informado de estas delicadas anomalías, y esa repartición pública optó por callar y dejar hacer. ¡Es que doña Camila adora al empresariado y detesta a los trabajadores, tal como lo demostró sin ambages cuando ocupó un alto cargo gerencial en el Metro S.A.!
¿Es la empresa minera San Esteban la única que no muestra interes ni respeto por el medio ambiente y por los trabajadores, a vista y paciencia del gobierno, del Parlamento y de la prensa? No es la única, ya que cerca de Santiago, la empresa minera Los Pelambres, perteneciente al poderoso grupo económico de los Luksic, vacía miles de toneladas de elementos tóxicos a las aguas de ríos y bordes costeros de la zona. Si nosotros lo sabemos, obviamente el gobierno también lo sabe. Nosotros entregamos la información, y el gobierno, como siempre cuando se trata de alguna empresa, se vuelve mandril (gruñe, mueve el rabo y escapa hacia las ramas altas). Y si reparamos en la empresa Barrick Gold, llegaremos entonces al sumun de la corrupción, el entreguismo y la destrucción de la geografía física, humana y económica de Chile con el pleno visto bueno del establishment duopólico aliancista-concertacionista.
En estos últimos ocho párrafos están los verdaderos responsables culposos de las tragedias laborales acaecidas en Chile estos años. Son ellos los mismos que hoy, frente a la tragedia que se continúa viviendo al noroeste de Copiapó en la mina San José, aparecen ante las cámaras de televisión y ante la prensa con caras emocionadas, teatralizando un asunto por el cual no sienten la más mínima emoción, puesto que al mundo del trabajo lo observan -y lo califican- tan sólo como una alternativa de enriquecimiento económico, sin interesarles la calidad de vida ni el destino que ello puede depararles los trabajadores.
Si de verdad esos parlamentarios y gobernantes tuvieran interés y preocupación por el devenir de la fuerza laboral, ya habrían legislado en beneficio de la negociación colectiva extendiéndola a la mayoría de los trabajadores chilenos; y habrían, también, dado irrestricto cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), las cuales nuestros gobernantes gustan de firmar ante la mirada internacional para, luego, ya en casa, utilizarlas casi como papel higiénico.
Ellos son, en definitiva, los culpables de los grandes fallos y males reseñados sucintamente en estas líneas; no vengan ahora a mostrar caras de preocupación ni emitir lamentos emocionados, pues cabe poca o ninguna duda respecto a la utilización política que están exprimiéndole a un evento donde, para no variar, los trabajadores han sido otra vez las únicas víctimas.
Y llegamos a la guinda de la torta: la ineficiencia de la empresa privada en materias de seguridad laboral. Posiblemente alguien se sentirá alarmado y abatido por esta afirmación, pero quien así lo exprese debe pensar solamente en hechos ciertos, irrefutables y concretos. ¿A quién debió acudir la culpable empresa privada 'San Esteban' para encontrar a los mineros atrapados e iniciar ahora la labor de rescate? A Codelco.
En materias de minería ninguna empresa tiene la eficacia, la tecnología ni la destreza que posee Codelco. En materias de minería ninguna empresa - grande, mediana o pequeña- se preocupa tanto como Codelco para cuidar y proteger no solamente a sus trabajadores sino también al medio ambiente.
Y, por último, en materias de minería, los mismos corruptos mencionados en aquellos ocho párrafos acusadores e indesmentibles, pretenden entregar CODELCO a las manos privadas de quienes han contravenido las escasas leyes existentes y han explotado el suelo nacional a niveles inconcebibles en cualquier país civilizado. Esos elementos corruptos del Legislativo y del Ejecutivo quieren quitarle a la nación su mejor empresa, o lo que resta de ella, para regalarla a quienes pagan un impuesto risible y depredan el material humano de nuestro país.











33 mineros luchan por su vida. Atrapados en una mina que no contaba con las medidas de seguridad para tan riesgosa faena, simbolizan claramente el Chile actual: mientras los privados se enriquecen a costa del sudor del trabajador, éste muere en un pique dijo
En la mina San José los problemas fueron puestos en evidencia hace ya mucho tiempo, en 1992. Durante este período virtualmente todos los inspectores, públicos y privados, informaron que la mina era peligrosa y que quebrantaba todas las reglas, sin embargo la mina fue autorizada a continuar sus operaciones (la última vez fue en julio de este año, y la actual ministro del Trabajo, en un intento de lavarse las manos, citó erróneamente las reglas impuestas por las circulares de su propio ministerio). Prácticamente todo lo que tenía que ver con la explotación de la mina era defectuoso. La débil explicación de las autoridades es que hay solo 18 inspectores para supervisar todo el sector minero en el norte de Chile.
También es bueno subrayar que en un país que se considera a sí mismo como una potencia minera no había equipamiento de rescate especializado, y que la maquinaria destinada al rescate tuvo que ser importada desde tres diferentes países.
¿Quién es responsable? Los propietarios son Marcelo Kemeny Füller, parte de una familia húngara que dejó Budapest en 1948 “para escapar del comunismo” (sus trabajadores hubiesen querido escapar del “Kemenysmo”, o que el Ejército Rojo hubiese llegado más rápido) y que llegó a Chile en los años 1950 cuando el padre entró en la actividad minera. En algún momento el diputado de la UDI Carlos Vilches trabajó con los Kemeny como ingeniero. El otro socio, supuestamente mayoritario, es el cuñado de Marcelo, José Alejandro Bohm Berenguer. La mina es dirigida por Pedro Simonovich. Comenzando por el padre parecen haberse farreado sus esfuerzos mineros, haciendo erróneas apuestas sobre los precios y terminando por deberle dinero a todo el mundo. De modo que dicen estar en las puertas de la quiebra y por lo tanto ser incapaces de comprar equipamiento de seguridad, lo que no le impide a Kemeny conducir un Chevrolet Blazer SUV nuevo y, -cuando la mierda llegó al ventilador-, contratar “consejeros de imagen”. Ambos, Kemeny y su cuñado, han hecho brutales e insensibles declaraciones ante una prensa demasiado crédula.
El día que los mineros fueron localizados, Chilevisión (en vísperas de ser comprada por Time Warner como parte del montaje estadounidense para transformar a Chile en un país antiárabe y proisraelí) intentó entrevistar a Kemeny cuando este salía de la mina en su vehículo. Los periodistas estaban por alcanzarle cuando su coche fue detenido por un oficial de Carabineros al que unos segundos antes Kemeny le había pedido que los parara. Los periodistas no habían infringido ninguna regla y el carabinero (espero que el General Gordon vea este episodio, -que fue filmado y difundido por televisión-, y lo eche del cuerpo) solo estaba ayudando al canalla (tal y como hace la Fiscalía con nuestro propio vecino psicópata, de modo que ¿dónde está la novedad?)
El presidente Piñera ha dicho que todo el peso de la ley caerá sobre los responsables. No lo creo. El rescate ocupará a la opinión pública durante meses, mientras que los culpables escapan tranquilamente.
EL LIBRO DEL CAPITAN
28 Agosto 2010 | 09:23 PM