CANIBALISMO CÍVICO

 Me han advertido que al escribir de este tema me meto en las patas de un tremendo caballo, pero no importa. Si me mata el jumento del conformismo, declaro que no tengo intención de donar mis órganos y que defiendo la resistencia de muchos chilenos ante la presión para declararse donantes.

Para que no me declaren muerto cerebral por sacrílego o antipatriota y que luego me faenen en pedacitos, aclaro que me sobrecoge la angustia de la familia de cualquier paciente -sobre todo si es un niño-que espera en vano la aparición de un órgano salvador. No me imagino sufrimiento mayor.

Pero esta compasión no me impide opinar que cualquier ley que nos declare a todos donantes y que sólo permita eximirse por medio de un trámite especial es una exageración y un abuso de los derechos ciudadanos. Una ley así no tiene solidez ética y tampoco podría ser aplicada de manera equitativa, porque en Chile no existe la infrastructura necesaria para hacerlo. (Claro está que si éstas fueran condiciones para las leyes en Chile, nos quedaríamos con la pura ley de la selva).

Pero antes de subirse al púlpito de la indignación o legislar sobre cuerpos ajenos, los que lamentan la carencia de donantes en Chile deberían preguntarse qué razones hay para que esto ocurra. ¿Por qué este país, que puede ser tan teletonesco, tan fácilmente embolinado por despliegues de sentimentalismo colectivo, actúa con porfiada indiferencia frente a esta "escasez"?

Una posible respuesta es que detrás de la indiferencia se esconda una arraigada desconfianza frente a los mecanismos encargados de regular el intercambio de órganos y otras partes del cuerpo humano. A esto se agrega la intuición de que la desigualdad inherente en el sistema de salud del país no da las garantías necesarias para asegurar un trato justo para víctimas de accidentes u otros donantes potenciales. No es tan difícil hacer las deducciones necesarias cuando un grupo social tiene helicópteros, aviones presidenciales y espacio en los medios cuando tiene alguna emergencia médica, mientras que otros se mueren esperando que llegue la ambulancia.

También hay que considerar que la gente tiene conciencia del modo opaco en que se realizan las transacciones sociales y económicas en Chile. ¿Alguien se ha atrevido a averiguar bien en qué lista de espera para recibir un riñón estaba el ministro Pérez Yoma? No me imagino por qué se sorprenden de que la mayoría sea reacia a ponerse en manos de un sistema ineficiente, desigual y clasista, sobre todo en momentos en que ronda la muerte. El charqueo de cadáveres se practica en Chile desde hace mucho tiempo, como lo sabe cualquiera que haya descubierto que un ser querido recién muerto es devuelto sin córneas y sin ninguna explicación.

Por último, tal vez persiste en algún pliegue de la memoria colectiva la historia de los transplantes en Chile, en especial de los primeros transplantes de corazón, eventos mediáticos y truculentos muy celebrados en su tiempo. Cuando faltaba todavía más de una década para la aparición de la ciclosporina, la droga que permite controlar la reacción inmunológica de rechazo, los chilenos nos enorgullecíamos de los experimentos humanos que realizaban los cirujanos criollos. El país entero pareció creerse el cuento mediático del donante generoso y del recipiente milagrosamente recuperado, una especie de canibalismo amistoso y cívico, un canibalismo en nombre de la patria y el progreso de la república.

Como es de sospechar, los cobayos, tanto donantes como recipientes, eran gente indefensa frente a la máquina de la medicina nacional que les pasó por encima. Nos decían que María Elena Peñaloza engordaba porque se le había despertado el apetito luego de recibir el corazón de un joven porteño llamado Gabriel Véliz, cuando la verdad es que la joven costurera se hinchaba y se hinchaba de tanta cortisona que le metían para postergar su triste muerte, para extender la gloria de la medicina y para comprobar que nos acercábamos, ahora sí que sí, al bendito desarrollo.

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CHILE: LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO ANUNCIAN SU MADRUGADA

1. En el hospital público de Iquique, en el norte de Chile, fueron detectados cientos de casos de VIH SIDA provocados por negligencia del sistema médico. La gravedad del hecho, cuyos casos se multiplican a diario incluso en otras regiones del país, revela la crisis estructural de la salud pública administrada por la Concertación. El 80 % de los chilenos se atiende en el servicio de salubridad pública. Al interior de recintos hospitalarios capitalinos, al decir de Neruda, “los huesos salen por la ventana”. Las cifras negras de la muerte por falta de medios y recursos, tanto humanos, como técnicos y medicamentosos, aún no son explorados seriamente y menos publicados, pese a que basta visitar cualquier consultorio u hospital del país para experimentar la precariedad, miseria, indolencia y mal trato a los usuarios del sistema. Según el diputado y ex Presidente del Colegio Médico, Enrique Acorssi, en el Continente los Estados invierten un promedio del 3,5 % del PIB en salud pública, mientras en Chile, apenas el 1,5 %. Y el doctor agrega que Chile es el único lugar en el mundo donde los médicos de la asistencia pública atienden sólo media jornada.

2. Mientras el Banco Central ajusta sus proyecciones a la baja, afirmando que el crecimiento del país el 2009 será de un 2,5 %; el cobre –mineral que fundamenta el 30 % de la economía nacional- pierde mercados, jibariza su precio y destruye empleo en uno de los sectores productivos estratégicos de Chile. El principal comprador del metal rojo es China, que en octubre de 2008 registró un crecimiento de un 8,2 %, lejos de las dos cifras que apuntalan su condición de potencia emergente y cuarta economía mundial.

Efecto de la caída libre del precio del cobre como efecto de la contracción severa de la demanda, la estatal Codelco que controla el 28 % de la producción total, hasta el 2007 recibía una prima por parte de los compradores de alrededor de 130 millones de dólares por tonelada. Ahora la gerencia está negociando primas más bajas para lograr competir en mejores condiciones con Corea del Sur (que recibe 64 millones de dólares por tonelada), y Japón (prima de 65 millones de dólares). Los analistas de Codelco consideran que en el mediano plazo, el precio del mineral se estabilizará en 2 dólares la libra (en la actualidad, está en 1,67 dólar por libra), esto es, a casi la mitad del valor del cual gozó hasta hace pocos meses. La crisis mundial nuevamente golpea las arcas fiscales, el dinamismo cada vez más esclerotizado del país, y prologa un inminente castigo a los presupuestos sociales y fiscales. Una vez más, la crisis cae como un techo de plomo sobre los trabajadores y el pueblo, en un contexto de alta inflación y aumento del costo de la vida (SÓLO EL PRECIO DEL AGUA ESTE AÑO SE HA “REAJUSTADO” EN UN 16 %), desempleo creciente, flexibilización laboral, y congelamiento o abierta baja salarial.

Ni las inyecciones estatales de recursos a las entidades financieras y bancarias destinadas a ofrecer crédito a los pequeños y medianos patrones que emplean al 80 % de la fuerza laboral (casi 5 millones de asalariados), logran detener el acelerado deterioro de las condiciones de existencia de las grandes mayorías. La capacidad de créditos de consumo para los chilenos de a pie, es decir, la realidad dramática de llegar a fin de mes a punta de préstamos que muerden más de la mitad del salario mensual, también comienza a tocar sus propios límites. De la acumulación de atrasos en pago de deudas, a la franca cesación de pagos, existe una frontera frágil que aumenta sostenidamente entre amplias franjas sociales empobrecidas.

Basta que el desempleo –una de las modalidades de la patronal para resolver la crisis económica sin límite notificado de origen norteamericano- se despliegue con mayor violencia para que se multipliquen las judicializaciones por no pago y se redoblen los remates de bienes (sobre todo, de viviendas). La extrema liberal capitalista que gobierna las relaciones sociales y económicas del país desde hace más de 30 años, comienza a sentar las bases de la mala vida generalizada y el subsecuente malestar popular. El tránsito dinámico del malestar a la organización y de la organización a la protesta en clave de masas, sólo es cuestión de tiempo. Y poco tiempo.

3. Las huelgas de trabajadores organizados de diversos sectores económicos del país se vuelven panorama cotidiano. Como botones de muestra, más de mil asalariados contratistas de Endesa, Enersis y Chilectra llevan más de una semana de paro exigiendo mejoras salariales y de seguridad laboral. Asimismo, 1200 trabajadores de Supermercados Santa Isabel, propiedad de la multimillonaria CENCOSUD –uno de los complejos privados que más renta en Chile- ejercen la huelga desde hace 5 días por demandas económicas.

Por su parte, los casi 400 mil trabajadores públicos agrupados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), han protagonizado paros, marchas, y concentraciones a lo largo de todo Chile que en su cima han superado las 20 mil personas, exigiendo un reajuste de un 14,5 %, en atención a que la inflación acumulada raya en el 10 %. Como se ha vuelto costumbre trágica, cada episodio de protesta laboral es duramente reprimido por orden gubernamental. Muchos de sus dirigentes son militantes de partidos de la Concertación, la cual se niega terminantemente a acceder a las demandas de los asalariados, respondiendo “con palo y duro”.

Ya la patronal del país ordenó contraer el gasto fiscal para cautelar los recursos estatales destinados a mantener la tasa de ganancia de sus negocios. Y obedientemente, el Ejecutivo responde a sus propios electores con soberbia y represión. Son 600 mil los empleados fiscales en el país. Ante el empate técnico de ambos rostros del bloque en el poder, la Alianza por Chile y la Concertación, los trabajadores pueden bascular de manera determinante los resultados de las elecciones presidenciales de fines de 2009. Al parecer, al gobierno no le interesa. Ha ofrecido descuentos por los días no trabajados y un impresentable 5 % de reajuste. La autodestrucción de la Concertación apura rabiosamente sus exequias.

4. Pero la organización paulatina de los trabajadores ya conjunta sus empeños. Producto de las multimillonarias pérdidas de los fondos previsionales administrados por las privadas AFPs, cuyos montos han desaparecido en un 25 % de su total, esto es, en casi 30 mil millones de dólares (hechos añicos por la especulación financiera alentada por el propio sistema de capitalización individual y la Reforma Previsional de Bachelet), diversas organizaciones sindicales, más allá de sus distancias políticas, reivindican como una sola fuerza un nuevo paradigma de seguridad social para los asalariados.
Es así que confederaciones, federaciones y sindicatos de la salud, la banca, la madera, el cobre, empleados públicos, servicios, comercio y empresas privadas en general, han construido recientemente una mesa común bajo la consigna de Fin a las AFPs. Asimismo, están diseñando un plan de movilizaciones a nivel nacional para impulsar la creación de un nuevo régimen integral y único de previsión y seguridad social basado en el reparto solidario, la universalidad, el financiamiento tripartito y la participación protagónica de los propios trabajadores en la gestión de los recursos producidos por su labor, con pleno respaldo estatal.

No quieren una AFP del Estado porque saben a ciencia cierta que el BancoEstado funciona bajo las mismas premisas financieras que el conjunto de la banca privada, y que la propia naturaleza del modelo de AFP es perversa, ineficaz, no garantiza pensiones dignas, y sólo beneficia a sus administradores privados. Paso a paso, el movimiento real de altos contingentes de asalariados concientes de sus intereses profundos comienzan a convenir las demandas. Con la generosidad y estatura histórica que escasea en la secta política tradicional, los trabajadores y sus dirigentes aceleran la reunión necesaria para transformar hoy un sistema previsional inventado en plena dictadura militar, y sobre el que los gobiernos civiles no han tenido la voluntad –intereses mediante- de modificar. Por el contrario; desde arriba sólo se ha consagrado y sobrelegitimado. Mientras la disociación estructural entre la impopular trama política de los de arriba -signada por el retorno probable de Ricardo Lagos Escobar al ruedo electoral tras la obligada y eventual bajada del actual Secretario General de la ONU, José Miguel Insulza; la debacle en vitrina del Partido Socialista y la Democracia Cristiana; y la cocina sucia de la derecha histórica- y las grandes mayorías; la reconstrucción del movimiento concreto de los trabajadores y el pueblo ya anuncia su madrugada. La recomposición del mapa popular y su derrotero para convertirse nuevamente en protagonista histórico nunca ha sido fácil. Sin embargo, y con las maneras de la esperanza, la ética y la política propia, los trabajadores y el pueblo retornan por sus fueros que dejaron pendientes durante un largo período de somnolencia. El miedo comienza a trizarse y la unidad genuina al interior de la propia clase trabajadora se vuelve materia renovada, se arropa con convicción de mayorías y empieza a erguirse sin atropellos, ni concesiones.

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LA CORRUPTA CLASE POLITICA EN “LIQUIDACIÓN de Temporada”

¿POR QUIÉN VOTAR? ¿Votar o anular? He ahí la cuestión, ya que más rápido que lento ha ido prendiendo en la opinión pública una fuerte sensación de repudio, hastío y desconfianza respecto de la clase política actual.

No hay dudas en cuanto a la decepción que experimenta la ciudadanía por la actuación de sus representantes en municipios, Congreso Nacional y Presidencia de la República.

La inmensa población se da perfecta cuenta que los políticos son meros parásitos aprovechadores.

En el caso de los partidos de la Concertación, a excepción de la Democracia Cristiana, (Que es un partido de Derecha neta) todos se han vendido como putas baratas de la peor calaña al cliente-amo capitalista.

Caída la catedral del comunismo, en el 90 coincidió con el advenimiento de la democracia a la Chilena. Es decir. Sinvergüenzas, inmorales y ladrones al mando.

La izquierda o los parásitos que usan sólo el nombre, más la derecha y la centroderecha en el país han hecho de las suyas una y otra vez, robándose lo que han podido.

El andamiaje institucional de la Dictadura está incólume en sus raíces más funestas.

Este innegable volumen de críticas al accionar de los políticos, las que deberían haber hecho reaccionar a las dirigencias partidistas. Sin embargo, ni estas ni las autoridades mostraron interés por analizar el actual estado decadente del quehacer público provocado por sus particulares actividades y decisiones. Ello quedó de manifiesto cuando un grupo de diputados –insensible sinvergüenzura ante la crisis económica que semi ahoga al 80% de los chilenos- propuso auto asignarse 100 litros de combustible mensuales, financiados, por cierto, a través de los impuestos ciudadanos. Fue la gota que rebasó el tiesto.

Los chilenos, hoy, ya no discuten que en nuestro país la corrupción se instaló con camas y petacas. Diversos programas periodísticos de la televisión, columnas en diarios y revistas, comentarios de especialistas en radioemisoras, y la voz de la calle, han informado argumentadamente las ilícitas e inmorales actividades realizadas por alcaldes y concejales que profitan de sus cargos (y del dinero de los contribuyentes) para hacer turismo gratuitamente en el extranjero. ¿Cuál ha sido la respuesta de las tiendas políticas que acogen a esos sinvergüenzas? Simplemente, ninguna…silencio absoluto.

La opinión pública, en muchas comunas, es consciente de las tropelías cometidas por algunas de sus autoridades locales: nepotismo, el hurto, el desfalco y la corrupción están; pero la decepción se desglosa del nulo accionar de las ‘instituciones que funcionan’, ya que no se ha visto sanción alguna por tales malabares. Y esa decepción se transforma en desconfianza hacia el sistema actual, pues la gente constató en los hechos fríos que no existe voluntad ni interés de las autoridades nacionales por dar un corte quirúrgico a tales situaciones.

La gente sabe que algunos candidatos a alcaldes consiguieron de manera ilegal sus certificados de 4º Medio. Los partidos políticos que cobijan a esos postulantes también lo saben…y lo sabe además la prensa. Pareciera que la única institución en el país que desconoce el asunto es la Contraloría General de la República, cuyo rol fundamental es precisamente fiscalizar y sancionar hechos como esos, pero se activa rápidamente cuando debe sancionar a los trabajadores, mas, nunca tan ágil si se trata de ‘autoridades’. Es sólo un simple botón de muestra, y no el más grave, precisamente.

El elector, entonces, se da de narices frente a listados de candidatos que en rigor son mitómanos compulsivos. Deshonestas personas que han visto la política como un trampolín de ganancias, responsables del mantenimiento de ilícitos y producción de sucios negociados. Esa es la respuesta de las tiendas políticas: repostular a los mismos delincuentes de hoy para que gobiernen mañana. ¿Cómo puede elegirse a un malhechor conocido para que tome asiento en el sillón que dirige una comuna? Hay excepciones, por supuesto, y los electores tienen claro cuáles son…y cuán escasas.

Resulta tragicómico escuchar a algunos inefables parlamentarios desechar las críticas anteriores, asegurando –con un volumen neuronal cercano al de una pulga- que ellas sólo ayudan a “reposicionar los intentos totalitarios que nadie quiere volver a vivir”. Nadie en su sano juicio pretende algo como eso, pero lo anterior no significa dar carta abierta a la corrupción y manoseo político de los dirigentes actuales. “Yo no quiero que me hieran con una bayoneta, pero tampoco quiero que sigan robándome y mintiéndome ‘legalmente’ como si yo fuera un imbécil.

Criticar a la Concertación no implica necesariamente favorecer a la Alianza por Chile, ni postular el regreso de la sangrienta y ladrona dictadura militar. Lo que implica es sólo exigir honestidad, seriedad y compromiso real con las propuestas programáticas que banderearon los candidatos en sus respectivas campañas. Y las actuales autoridades en muchas comunas ya incumplieron lo prometido. ¿Habrá que reelegirlas para ver si en una segunda o tercera oportunidad cumplirán parte de las mismas?

Ha ido creciendo en el alma nacional una sensación de aburrimiento y hastío hacia la clase política actual.

Si el porcentaje de votos nulos y blancos aumenta de forma significativa (más del 15%) en los próximos comicios de octubre, una de las lecturas válidas podría ser que el país ha comenzado a aproximarse a la rebeldía social y económica de los contribuyentes, los usuarios y los clientes. Sería un claro aviso del ‘choreamiento’ general y de una postura decidida para dar término a tanta corruptela, mentira, traición y desparpajo político y empresarial.

Obviamente, nadie desea que todo lo anterior se cumpla. Por el contrario, lo que se pide es tranquilidad, justicia social y honestidad. Los políticos tienen la palabra, pues en ellos se encuentra la solución a los problemas descritos…sólo en ellos. Pero si estos ácaros del Estado fallan una vez más, la rebeldía que podría dejarse caer sobre el país será sólo de su responsabilidad.

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FEMINISTAS SIN FRONTERA

FEMINISTAS SIN FRONTERA

Me encanta eso de que respetan la vida. Son los mismos que no hicieron nada con la pena de muerte: en tiempos de la dictadura no dudaron en justificar lo injustificable y se hicieron cómplices con su silencio ante las desapariciones y las muertes arbitrarias. Ese respeto que hoy arguyen por la vida, sin duda no lo incorporaron en sus diccionarios en otro momento de la historia.
Nos va quedando claro quiénes son los que tratan de dirigir nuestras conciencias y forma de conducirnos. No les importa si tenemos edad suficiente para armar nuestro criterio y saber lo que es bueno y lo que podría ser perjudicial para cada uno de nosotros. Obviamente, como tenemos esta especie de guardia pretoriana, estos pepe grillo de la ignorancia, es bueno preguntarse hasta cuándo permitimos que nuestros impuestos los sigan manteniendo.

MIENTRAS LOS MEDIOS de prensa se refocilan publicando noticias respecto de si la distribución y venta de la ‘píldora del día después’ será finalmente autorizada o prohibida, una realidad triste –indigna- prevalece oculta bajo la parafernalia anterior.

A este respecto, las autoridades optaron por hacer todo a espaldas de las afectadas e interesadas, como siempre, con “expertos en la materia”. ¿Qué clase de ‘gobierno ciudadano’ es este, que nunca consulta la opinión ni el interés de quien se pretende ayudar? Los dueños del poder dicen estar preocupados ‘cristianamente’ por el útero, el huevo, el embrión…pero sacrifican a la mujer guillotinándole su derecho a la vida, al trabajo, a la salud y al bienestar.

En los últimos días, el país se enteró de que algunas mujeres tuvieron que dar a luz en condiciones nefandas dentro –o a las puertas- de uno de esos hospitales. “Había un alto número de ‘mamitas’ esperando la atención del profesional pertinente”, explicaron algunas de las autoridades del Hospital San José, en Santiago. Los graves problemas ocurrieron en aquel lugar –y también en otros similares- a plena luz del día, en horario laboral común.

¿Qué pasa entonces al interior de esos centros públicos de salud en horarios nocturnos? Las autoridades lo desconocen, pues ellas no lo sufren, ya que en caso de necesidad recurren a sitios de mejor tecnología, atención y mayor rapidez.
Los servicios de urgencia de muchos hospitales presentan un aspecto y una realidad tan deprimente que se asemeja a lo que es posible presenciar en naciones pobres de África, o en Haití, o en un sitio estragado por guerras y revoluciones. El innegable descuido administrativo al interior de esos lugares se comprueba, por ejemplo, al toparse en las salas de espera con verdaderos cuadros surrealistas, en los que incluso se observa el deambular de uno o más perros vagos. ¡¡Canes sin dueño, callejeros y sucios, dentro de un ‘Hospital’!
RESULTA MUY COMICO que 36 diputados hablen como científicos, porque dicen que la píldora es abortiva e incorporan razonamientos metafísicos que ni sus más cercanos les compran. Obviamente, lo hacen por los pobres... qué carajada. Usar a los pobres para justificar un acto retrógrado, motivado por poderes fácticos, parapetados en doctrinas medievales que necesitan mantener a cualquier costo.
Dolorosa y decepcionante realidad, pues ella ocurre en un país donde la macroeconomía alcanzó un nivel de desarrollo considerado ejemplar, pero la brecha entre ricos y pobres resulta insoportablemente profunda; una nación donde se vende el bosque y el agua que pertenecen a todos, pero se entregan a unos pocos para que estos hagan pingües negocios inmorales…un país, en fin, donde el 05% de la sociedad vive a todo lujo a través de la explotación del resto. Y la Salud, como la Educación, no escapa a ese escenario clasista.
Lo que se rechaza es el método de distribución, pues las autoridades han optado por dejar fuera de la discusión a los padres de menores de 18 años, y sin embargo a esos mismos progenitores se les obliga a asistir a reuniones de apoderados, a firmar libretas de calificaciones y documentos varios emanados de los establecimientos educacionales, a hacerse responsables judicialmente ante cualquier descalabro público que cometan sus ‘cachorros’. Mas, en materias tanto o más delicadas como la que esa píldora pretende prevenir, a los padres no se les respeta ni consulta.

Pero la discusión conviene solamente a los políticos y al gobierno. Quizá, por ello se alienta la información al respecto, pues de esa forma el público es mantenido en suspenso con un tema que –en definitiva- no es relevante y sirve de cobijo para ocultar una realidad de la salud pública que sí lo es.

Más allá del impacto y dolor que han provocado los últimos acontecimientos acaecidos en lugares como el Hospital San José, lo rescatable es que estos lograron desnudar ante los ojos del público la situación objetiva, cruda y repudiable, en que se inserta y desarrolla una de las principales actividades que el estado debería implementar en beneficio de la población.

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EL NEGOCIO DE LAS ISAPRES

BISAGRA ACEITADA, dijo

Chile 29/01/2004 17:08:44 Los dueños de las Isapres.

En un estudio de la Superintendencia de Isapres se analiza la propiedad de una muestra de las aseguradoras en el año 2001. Entre las isapres consideradas se encuentran aquellas que controlan las mayores participaciones de mercado a diciembre último, esto es, Isapre Banmédica (17,9%), Cruz Blanca (16,5%), Colmena Golden Cross (10,2%), Cigna Salud (6,1%), Vida Tres (6,0%) y Aetna Salud (3,6%). No se consideraron las isapres Consalud (20,1%) ni Promepart (5,6%), ya que en ambos casos las estructuras de propiedad están bastante claras, la primera ligada a la Cámara Chilena de la Construcción y la segunda, una cooperativa donde por definición no existen accionistas principales. Con todo, el total de isapres de la muestra suman una participación total de mercado de 60,3% y si a éstas sumamos las participaciones de Consalud y Promepart se tendría un 86,0% del mercado explicado.
El estudio descubrió que varias de ellas estaban ligadas a través de sus socios. Este es el caso de Banmédica y Vida Tres, por una parte, y de Cruz Blanca y Aetna Salud, por otra. En el primer caso, ambas isapres comparten el socio mayoritario y éste participa en proporciones muy similares en cada sociedad, ya que Isapre Banmédica es propiedad de Banmédica S.A. (en un 99,9999%) y de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. (en un 0,0001%). Por su parte, Vida Tres es propiedad de Banmédica S.A. en un 99,99% y de Pentágono S.A. en un 0,01%.
A su vez, Banmédica S.A. es propiedad de Empresas Penta S.A. (25,684%), Constructora San Francisco de los Andes Ltda. (22,31%), Sociedad de Desarrollo Inmobiliario S.A. (4,42%) y Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán (4,92%), propietaria de la Clínica Alemana de Santiago.
Es decir, mayoritariamente estas isapres son controladas por dos grupos económicos, por una parte el grupo Penta -compuesto principalmente por Carlos Alberto Délano A., Carlos Eugenio Lavín G.H., Hernán Concha V., Hugo Bravo L., José Gandarillas Ch., Hernán Somerville y Alfredo Alcaíno- y por otra parte por Eduardo Fernández León y familia.
En el caso de Cruz Blanca y Aetna Salud, la propiedad de la primera es controlada principalmente por Aetna S.A. (81,02%), Depósito Central de Valores (6,33%) y por Inversiones Bancard Ltda. (6,07%), ligada a la familia Piñera. En tanto Aetna Salud es controlada por Cruz Blanca Isapre S.A. (99,99998%).
En el caso de Colmena Golden Cross, los socios son: Inversiones y Servicios Apoquindo S.A. (99,996%), Cía. de Inversiones Coñaripe S.A.(0,002%) y René Merino Gutiérrez (0,002%). Estas sociedades son controladas principalmente por Carlos Trucco Brito, René Merino Gutiérrez, Cecil Chellew Cáceres, José Subercaseaux Salas, Patricio Mosso Pinto .
En lo que respecta a Cigna Salud, la propiedad de esta isapre es controlada por el grupo norteamericano Cigna a través de la sociedad de Inversiones Cigna Ltda. (98,57%).
¿Quiénes controlan las Isapres? A modo de resumen se puede afirmar que la propiedad en la industria está controlada básicamente por la Cámara Chilena de la Construcción A.G., Aetna, la familia Fernández León, el grupo Penta, Cigna, la familia Piñera, Carlos Trucco, René Merino,

Patricio Mosso, José Subercaseaux, Cecil Chellew y la Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán.
En conclusión las aseguradoras presentan una concentración significativa. Cinco socios controlan 54,9% de la propiedad del mercado, a saber la Cámara Chilena de la Construcción, Aetna, la familia Fernández León, el grupo Penta y Cigna.

De ellos la familia Fernández León y el grupo Penta asociados controlan a través de Vida Tres y Banmédica el 23,9% del mercado siendo la fuerza más importante, luego vendría la Cámara Chilena de la Construcción a través de isapre Consalud con 20,10% del mismo y finalmente Aetna, que a través de las isapres Cruz Blanca y Aetna Salud controlaría directa o indirectamente cerca de un 20,1% del mercado. O sea, estos tres conglomerados manejan más de 64% del mercado.

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