BRÚJULA POLÍTICA: SOLIDARIDAD CON GARZÓN

Por encima de toda eventual diferencia, la gente decente de este país y los ciudadanos demócratas del mundo entero tenemos una deuda eterna de gratitud para con el juez español Baltasar Garzón, Doctor Honoris causa de la Universidad ARCIS, por su descollante actividad en materia de jurisdicción universal y a propósito de las violaciones a los derechos humanos perpetrados en Chile por la dictadura militar de Pinochet. 

Es el juez que abrió proceso en Madrid contra el dictador y demás responsables de los crímenes de las FFAA y la derecha chilena. Es quien, a solicitud de los abogados españoles, alertó a la justicia británica de la presencia en Londres del militar delincuente contra el que Garzón había dictado orden de captura internacional a fin de que fuera trasladado a Madrid en donde debió ser condenado a presidio perpetuo, a no mediar las indignas gestiones de los gobernantes de  la Concertación que salvaron al tirano. El  oficio del juez a sus similares británicos significó más de un año de encierro a Pinochet.  

Como se sabe, en cambio en España nunca fue posible abrir juicio a los asesinos franquistas ni investigar ni buscar a los desaparecidos. Son los problemas de las transiciones pactadas, que bien conocemos en casa. Impunidad que mantiene abiertas las heridas en el corazón de España. Y bien, el juez Garzón, en contra de la opinión de jueces reaccionarios, decidió abrir un proceso por los crímenes de la barbarie fascista encabezada por Franco. Y por ese hecho, que no es más que el acatamiento a resoluciones de Naciones Unidas y a las normas básicas del Derecho Penal Internacional, el juez ha debido declarar dos veces en calidad de  "imputado" ante el Supremo de su país, con el riesgo de ser procesado y condenado.  

En el procedimiento abierto por el Tribunal Supremo, que es el órgano competente para juzgar a jueces de la Audiencia Nacional, se le acusa de prevaricación, es decir por dictar una resolución judicial injusta, a sabiendas. El argumento es que, al  admitir la querella por los desaparecidos del franquismo, en contra del criterio del Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional que se oponía, ha prevaricado. Sucede sin embargo que a su vez el mismo Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo se ha opuesto a la querella contra Garzón por lo que, si se emplea el mismo razonamiento, los propios magistrados del Tribunal Supremo prevaricarían al admitir esa acción en contra del criterio del Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo.  

Hay que agregar que el juez instructor contra Garzón es connotado miembro del "Patronato del Valle de los Caídos", emblemático instituto del franquismo, y que los querellantes son los dirigentes del autodenominado "Sindicato Manos Limpias", dirigido por ultraderechistas militantes de la organización política fascista "Fuerza Nueva".

Toca pues la hora de la urgente solidaridad con Garzón, de la movilización de las organizaciones de derechos humanos, de las universidades, de la propia judicatura chilena, de las asociaciones de magistrados, de los sindicatos, en fin de todas las fuerzas democráticas chilenas. 

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DISCURSO DEL SENADOR NELSON ÁVILA EN LA SESIÓN ESPECIAL CONVOCADA PARA EL CASO DE AVIONES MIRAGE

SEÑOR PRESIDENTE:

Mi incursión en el "caso Mirage" arranca en 1997. Fue en conversación reservada que sostuve con el Ministro de Defensa de ese momento, Edmundo Pérez Yoma. Le puse al tanto de una información muy delicada que había recibido desde Bélgica. Percibí en él la incomodidad que le producían cuestionamientos en un ámbito tan sensible como la probidad, en el área que él manejaba. Sospeché que pensó en una reanudación de mis "hostilidades" a la Fuerza Aérea. Al "rattán" y al proyecto "Atlas", seguirían ahora los "Mirage". Quizás por ese prejuicio, transcurrió el tiempo, sin reacción alguna, pese a que la información suministrada era muy inquietante.

Dos o tres meses después, concretamente el 7 de noviembre de 1998, Qué Pasa informó del tema en un consistente reportaje titulado "Pistas belgas". Confirmó todo lo que me había llegado a través de una persona cuya identidad me comprometí a no revelar, por razones más que obvias. Se trataba, de una fuente privilegiada por el nexo que le unía a un integrante del equipo que practicó el allanamiento al domicilio particular del general Jacques Lefebvre. En tal carácter, le correspondió clasificar la información encontrada.

El militar se suicidaría en marzo de 1995.

En una de las carpetas requisadas le encontraron documentos relacionados con la venta a nuestro país de "20 aviones Mirage" de segunda mano, cuya "modernización" había sido un sonado escándalo. En esos papeles secretos estaba la huella de los depósitos a favor del llamado "dispositivo chileno". En lo que insistió mucho, la persona relacionada con este hallazgo, fue que Bélgica había "hecho la pérdida" de estos aviones y la jugada consistía en poder venderlos a algún país en que se dieran las condiciones apetecidas. Así, todo sería ganancia.

El 7 de enero de 1999 le entregué personalmente una carta al Ministro de Defensa, José Florencio Guzmán. En ella consigné, destacadas, las declaraciones judiciales obtenidas del general Lefebvre, antes de su muerte. Dijo: "Luego de las pesquisas a Europavia, el 3 de marzo de 1995, los documentos relativos a Chile han sido encontrados. Estos son confidenciales. Su divulgación en los medios sería catastrófica, ya que descubriría la red local y nuestros agentes estarían en dificultades". Claro que si el alto oficial belga hubiere sabido al ritmo en que funcionan nuestras instituciones, el sosiego le habría acompañado hasta la tumba.

El citado ministro Guzmán me contestó el 13 de enero de 1999, diciéndome que había dispuesto "una investigación sumaria, a partir de los antecedentes que obran en la institución". En esa lógica, para el caso del Registro Civil, es como si el Ministro de Justicia, en vez de formular un requerimiento al Consejo de Defensa del Estado, se hubiere limitado a ordenar un sumario interno hecho por el equipo del ex Director del Servicio, señor Guillermo Arenas. También, el Secretario de Estado pidió al Embajador Hugo Cubillos que informara detalladamente sobre el asunto. Luego, me dio cuenta de ello en una misiva del 26 de enero de 1999. Allí expone: "El abogado Spreutels expresó que a la fecha no existía ninguna investigación sobre la venta de aviones Mirage-Mirsip a Chile que estuviera radicada en los tribunales belgas".

La ingenua respuesta era formalmente correcta. Pero, el asunto no iba por ahí. En realidad, todos los antecedentes se encontraban en la circunscripción de Liège, en el marco del proceso "Mirsip". Específicamente, en la denuncia número 50.767 del 14 de mayo de 1997.

El 17 de enero de 1999 viajé a Bruselas, donde fui recibido en audiencia especial por el juez Daniel Fransen y todo su equipo investigador. Le pedí expresamente remitir un exhorto a Chile y así formalizar el caso en nuestro país. Éso, permitía sacar de su serena vigilia a las autoridades competentes. Di cuenta de todo lo obrado por mí hasta ese momento. Al magistrado le costaba entender que no se hubiese producido una actuación de oficio, vista la gravedad de la denuncia. Y, además, que nadie, aparte del que habla, se hubiera empeñado en tomar contacto con él.

En todo caso, algo muy importante quedó al desnudo. La coima, si bien se repartió en diversos paraísos fiscales, estaba dirigida a quienes componían el llamado "dispositivo chileno". Y así se hizo. La generosa "lubricación" a los mecanismos de toma de decisiones, avanzó despejando todos los obstáculos "técnicos" de la más variada naturaleza.

La tarea del Ministro en Visita entonces, debe medirse por su capacidad para completar la nómina y cuadrar la caja. Ni más ni menos.

Vi la necesidad de dejar un representante en Bélgica, por si fuesen necesarios nuevos contactos con el Juez, pero sobre todo para conseguir mayores antecedentes. Así fue como otorgué un poder simple con fecha 20 de enero de 1999 al abogado monsieur Tibault Bouvier de la cuidad de Namur.

El 29 del mismo mes y año hice entrega al ministro José Florencio Guzmán de una carpeta con 15 documentos que obtuve en Bruselas, entre los cuales sólo menciono tres de los más relevantes:

1) Declaración del general Lefebvre prestada al tribunal (folios 016077 al 82) en la cual éste admite que para lograr la operación de la venta de los Mirage a Chile se necesitaba "un dispositivo local" competente.

2) Carta del mismo general donde designa como su único interlocutor a Francois de Smet, calificándolo de "pantalla" de Carlos Honzik, el negociador oficial.

3) Denuncia 50.767 donde se describe el "procedimiento" para repartir en Chile los 15 millones de dólares. Al final, concluyo: "La sola relación de los documentos ya citados, indica que estamos en presencia de un hecho de corrupción de vastas proyecciones".

Sugerí que el propio Ministerio se dirigiese al Consejo de Defensa del Estado, para darle mayor fuerza al asunto. Después, sostuve una entrevista con la Presidenta de dicho organismo señora Clara Szcaranski, a quien le expuse todo con lujo de detalles y le anticipé la pronta remisión de los sustentos correspondientes por parte del Ministro Guzmán. Pero, de modo informal le entregué copia de lo más sustancioso.

Al final, ese valioso "dossier", fue enviado nada más que a la FACH, porque el Ministerio de Defensa opera como la Superintendencia de Bancos: recibe y remite. Nada más. En esta oportunidad, ni siquiera eso lo hizo completo.

El Secretario de Estado en cuestión, con tales antecedentes, en vez de aportar al esclarecimiento de los hechos en el sumario interno de la FACH, lo que hizo fue dar luces para precipitar el resultado en una dirección exactamente contraria. En ese momento, no eran sólo personas individuales las involucradas, como lo sostiene el "Defensor Público de Palacio" Francisco Vidal, sino la FACH, institucionalmente. Ésto lo prueba el resultado de la "investigación" interna, la cual omitió un informe técnico sobre los aviones que habría echado por tierra la operación en marcha.

Importante también fue mi visita a la Office General de L'Aire (OGA), 33 Av. Champs

Elysee 8, Paris. Mi intención era entrevistarme con el Secretario General, señor Philippe Verpilleux. No fue posible. Pero, un contacto casual e inesperado me ilustró sobre la "tecnología del soborno" que aplican los gestores en el negocio de las armas. Éstos, elaboran una especie de mapa genealógico. Es decir, marcan las vías de la consanguinidad para llegar al "punto neurálgico". Si surge una ocasión propicia, tocan al familiar más "vulnerable". Desde luego, ya saben todo de él. Están en condiciones de ubicarlo prestamente, me aclaró.

También intenté conversar con monsieur Felamare, de la compañía Dassault, constructora de los aviones y que estuvo a cargo de su "modernización" por encargo de Sabca. Es decir, la misma firma que los vendió a Chile. Se hizo la gestión a través del embajador en Francia, Fabio Vio, pero sin éxito.

El 2004, después de numerosos esfuerzos fallidos por otorgar relevancia al tema, decidí solicitar un Ministro en Visita. Ello, por las repercusiones públicas que auspiciosamente, volvían a tener estos hechos, gracias a la actuación de la jueza Sandra Rojas y el posible viaje del magistrado a cargo de la investigación en Bélgica.

El 22 de abril entregué el documento. En el mismo hago notar la condición de "intermediario fantasma" que asumió el yerno del ex senador Ramón Vega, Bernardo Van Meer y la parte de la "coima" que recibió por su lobby familiar. Debido a ese nexo, se hizo "representar" por el señor Francisco de Smet, a quien el propio Lefebvre calificó muy descarnadamente "pantalla de Carlos Honzik". Concluí, señalando al señor Marcos Libedinsky, Presidente de la Corte Suprema en ese momento, que "sucesos de muchísima menor magnitud y relevancia han derivado en parlamentarios no sólo desaforados, sino que con sentencias ejemplificadoras en su contra".

El señor Libedinsky, ni siquiera se tomó la molestia de responder el oficio. Confío en que algún día sepamos sus motivos. En todo caso, hizo un valioso aporte a la impunidad, a través de la prescripción ya asegurada de los delitos.

En mayo de 2004, con una carta presentada por el entonces Presidente del Senado, Hernán Larraín, intenté una nueva entrevista con el juez Fransen. Esta vez todas las instancias se habían tornado herméticas, por las derivaciones políticas que la investigación estaba teniendo en Europa. Lo de Chile, era sólo una arista. Aunque, en ningún caso menor. De todos modos, entregué copia traducida al francés del documento ingresado en el máximo tribunal chileno. Éste, desgraciadamente para el efecto buscado, lo presidía el señor Libedinsky.

Este caso ha representado para mí una gran decepción mirado desde una perspectiva institucional. Pareciera que un espeso manto de impunidad se hubiere desplegado generosamente para tutelar ciertos nombres. Según el Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas, en enero del 2004, la Comisión de Ética, presidida por el Senador Gabriel Valdés, habría manifestado lo siguiente: "el ex Comandante en Jefe de la FACH y actual Senador Designado Ramón Vega no cometió ningún acto reñido con su condición de parlamentario en la cuestionada compra de aviones Mirage". Ello, sin sopesar antecedente alguno, en la más pura y desprejuiciada expresión de solidaridad corporativa. Parafraseando a Voltaire, diría que es peligroso tener razón cuando algunos omnipotentes están equivocados. De todos modos, he oído que la perseverancia es invencible.

He dicho.-

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EL LOBBY DESNACIONALIZADOR DEL COBRE

EN GENERAL se ha creado la imagen que el culpable de la desnacionalización del cobre es Pinochet, porque en su gobierno se hizo la actual ley minera que contiene la concesión plena, que impediría la expropiación de los grandes yacimientos de cobre, y porque también en su gobierno se realizaron las primeras privatizaciones y nuevas inversiones mineras, como La Disputada, El Indio y La Escondida, pero en realidad, la desnacionalización masiva de nuestra minería comenzó en 1990, con los gobiernos de la Concertación, privatización que quiere seguir avanzando hoy, en el gobierno de la Presidenta Bachelet, puesto que tiene ya existe la intención de privatizar el CIMM T&S, filial del CIMM, Centro de Investigación Minero Metalúrgica, que a su vez es filial de CORFO, Enami, Cochilco y aportes de Codelco, que es a la vez es su principal cliente, puesto que CIMM y CIMM T&S, son las únicas empresas que desarrollan tecnología para la minería en Chile. Existe un lobby privatizador del cobre enquistado en los gobiernos de la Concertación, y trataremos de deducir quienes lo componen.

LA PRINCIPAL ley desnacionalizadora del cobre, se promulgó en junio de 1990, es la Ley 19.985, que subió el IVA “transitoriamente” de 16 a 18 %, pero a la vez, con letra chica que no se vio y no se discutió en el parlamento, contenía disposiciones que prácticamente suprimieron la tributación a la gran minería, y por ello llegaron en masa las transanacionales mineras y se apropiaron de todos los grandes yacimientos mineros. Ese fue el principal acto desnacionalizador de nuestro cobre en toda nuestra historia. El responsable político de esta ley es bien evidentemente el Presidente de la época, Sr. Alywin, pero los responsables técnico-políticos de esa ley fueron el Ministro de Hacienda, Sr. Alejandro Foxley, su Jefe de Gabinete el Sr. Andrés Velasco, su Director de Presupuesto, Sr. José Pablo Arellano, y el Director del S.I.I. Sr Javier Etcheverry, y quien debía conseguir que esta ley se aprobara en el Congreso Nacional, el Sr. Edgardo Boenninger, Ministro de la Presidencia.

El grave problema es que estos señores, que hicieron esta ley privatizadora, no han desaparecido, porque mantuvieron sus puestos durante todo el gobierno de Alywin, y siempre se han mantenido en las esferas del poder. Hoy, el Sr. Foxley es el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Velasco de Hacienda, el Sr. Arellano es el Presidente Ejecutivo de Codelco, el Sr. Javier Etcheverry se mantuvo 10 años en el SII, posteriormente Ministro de Obras Públicas y hoy consultor del gobierno y de grandes empresas, el Sr. Boenninger fue posteriormente senador designado, y hace poco firmó el “transversal” llamado a convertir Codelco en S.A. como antesala de su privatización.

No es raro entonces que con este tremendo equipo, posteriormente se hicieran otras leyes para favorecer la inversión extranjera en la minería y la desnacionalización de Codelco, como la de mayo de 1992, en la que la mayoría parlamentaria de consenso de la Concertación y la derecha, aprobaron la Ley 19.137, que autoriza a CODELCO a traspasar gratuitamente a empresas extranjeras gran parte de sus yacimientos mineros no explotados, y mediante esta ley, en 1994 se traspasó el yacimiento El Abra de Codelco a transnacionales americanas. En marzo de 1993, la misma mayoría parlamentaria de consenso aprobó la Ley 19.207 que rebajó el Impuesto Adicional a las empresas extranjeras de 49,5 a 42%, y en 1994, se aprobó la Ley 19.270, que eximió del Impuesto a la Renta a los honorarios que perciben los profesionales extranjeros, discriminando en contra de los profesionales chilenos, que sí deben pagarlo.

Con el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, prosiguió la privatización por parte de Codelco, puesto que más de 300 mil hectáreas de yacimientos menores de Codelco se traspasaron gratuitamente a empresas extranjeras. Se quiso privatizar Enami, pero encontró una fuerte oposición en la misma Concertación, a cambio se privatizó el Puerto de Ventanas y la Termoeléctrica Tocopilla que también eran de Codelco, y a propósito de la crisis energética actual, fue el Sr. Frei que privatizó Colbún, Edelnor, Edelaysen, que en conjunto representaban cerca del 40 % de la generación eléctrica del país que aún estaba en manos del Estado. Y para que no supiéramos que las empresas extranjeras no pagaban impuestos, en acuerdo con la derecha el gobierno de Frei aprobó una ley miscelánea, la 19.398, que derogó una disposición que existía desde 1980, que permitía que cualquiera persona conociera las declaraciones de impuesto de cualquier contribuyente. A partir de esa ley de agosto de 1995, se prohíbe conocer las declaraciones de impuestos de cualquier contribuyente, pero evidentemente, lo que se perseguía era que no pudiéramos enterarnos que las grandes empresas extranjeras no pagan impuesto a la renta en Chile.

Existe entonces un poderoso lobby que actúa al interior de los gobiernos de la Concertación para desnacionalizar nuestro cobre y favorecer al capital extranjero, y esos apetitos no está saciados, porque aunque queda poco por privatizar, el gobierno de Lagos privatizó Talleres de Rancagua de Codelco, estimuló el trabajo por empresas contratistas en Codelco reduciendo el personal de planta de la empresa, y ahora, en el gobierno de la Presidenta Bachelet, ya existen planes par privatizar CIMM T&S, y se discute en el Congreso un proyecto para mejorar el gobierno corporativo de Codelco, pero no sabemos como irá a salir, porque el poderoso lobby, algo irá a conseguir, en la letra chica del proyecto, así como en 1990, prácticamente se eliminó la tributación a las mineras extranjeras.

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MALTRATO VERBAL CONTRA CARABINEROS DE CHILE

“pacos” intocables, innombrables e ininsultables…

Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29

EL SOLO encabezado de la nota desde ya es un maltrato visual para quien lee el singular titular que fue una perla informativa hábilmente disimulada el pasado mes de Agosto.

EN LA GUARIDA ubicada en Valparaíso que funciona bajo el nombre pantalla de, “El Congreso”, la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa legislativa que sancionará a quienes agredan verbalmente a Carabineros. En nuestro Congreso Nacional se ha impuesto el grupo de los ‘colijuntos lamebotas’, quienes suponen que con sus últimos proyectos de ley el país caminará por una senda de rosas y magnolias. Lo que no saben (ni sospechan) es que están dando jugo, la hora y mucha risa. Por 44 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que sanciona el maltrato de palabra a Carabineros, incluso cuando no se produzcan lesiones. El proyecto modifica el Código Penal para disponer una sanción monetaria y de cárcel para quienes ofendan con palabras a los efectivos policiales, mientras éstos realizan sus funciones.

EL TEXTO indica que quienes "empleen fuerza o intimidación contra un integrante de las fuerzas de orden y seguridad pública, que se encuentre en el ejercicio de sus funciones, o los terceros que impidan o intenten impedir por medios materiales el ejercicio de las funciones propias de dichos funcionarios, en ambos casos sin ocasionar lesiones, serán castigados con la pena de prisión en cualquiera de sus grados (01 a 60 días) y una multa de seis a diez UTM ($223 mil a $373.160). Desde el mismo huraco del congreso, la excelentísima y honorable diputada, María Angélica Christi Ladrón de la Vega, aseguró en forma tajante, pero elegante; “Nosotros decidimos retomar esta norma, que alguna vez fue derogada, ya que cada día somos testigos de una mayor agresividad y mayor maltrato hacia la policía y no había una norma que los protegiera” (Cierre de comillas)

(Inmaculiados Carabineros de Chile, Policía toda. ¿Viste que son mamás? ¿Vieron que tiene que salir la madrastra político económico a defenderlos? ¿Quién más que ustedes le fue con el cuento a los Diputados y Senadores? Nos tratan mal cuando hacemos nuestro trabajo, nos gritan cosas feas…Porque para qué estamos con cosas, y terminen de andar inspirando lástima, los labios policiales no son muy virginales que digamos tampoco. Y utilizando una expresión de estricto tenor idiosincrático Chileno si el lector me lo permite; Tienen el hocico bien grande y cochino bastantes veces también.) (Cierre de paréntesis)A su vez, se definió que las ofensas sancionadas serán las que la ley califica como injurias en contra de cualquier funcionario de Carabineros o de la Policía de Investigaciones...El ataque será objeto de análisis a través del Código penal (artículo 416, creo) y no de la justicia Militar (deberíamos estarles tremendamente agradecidos), además las penas implicarían castigos que van desde los 61 a 563 días más una multa de 3 Unidades Tributarias mínimas a quienes injurien al personal policial.

Yo no termino de decidir el sentimiento a raíz de este notición. No sé si reír o llorar. Porque, alo, alo, pero alo. ¡Estamos hablando de Carabineros de Chile, de los Pacos Chilenos! No es por ser discriminador (o no tanto) pero la policía Chilena, la de a pie tiene menos educación que un senador de la república. Son pungas, aflaitados, mal hablados, zafios y hasta sicalípticos. Si la corbata que usan es de esas que tienen elástico, ¿De qué estamos hablando entonces?¿Injuriar? ¿Injuriar cómo? ¿Quién dictamina eso? ¿Cómo?

Sepa usted señor Carabinero que usted es un balano en uniforme. Eso escuchó él, pero yo le dije clarito, Usted es un galano en Uniforme. Mi palabra contra la palabra de él.¿Cuál valdrá más, cuál será más justa?Muertos de Hambre, ¿Existen elementos para probar tal expresión? En el caso de que las injurias se dirijan contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, sobre faltas penales o infracciones administrativas, el acusado quedará libre de toda responsabilidad penal si acredita que sus manifestaciones son ciertas. El responsable de un delito de injurias o calumnias puede quedar libre de responsabilidad penal si el ofendido o su representante legal, actuando en su nombre, le perdonan. Yo Cabo González perdono a este subhumano...bla bla bla.

¿Cuántas grabaciones andan por ahí como muestra fehaciente, incuestionable indesmentible que Carabineros de Chile sufre, aparte de diarrea cerebral y bestialismo, coprolalia, a la hora de interrelacionarse con las especies inferiores (civiles)?Lacónicamente, la injuria es considerada en Derecho Penal un delito contra el honor o la buena fama de una persona perjudicando su reputación o atentando contra su propia estima. Puede consistir en la atribución de unos hechos, en formular juicios de valor sobre ella etc.

El delito de injurias es muy subjetivo y muy circunstancial donde se pone más atención, no él en significado de las palabras, sino en “la intención” de aquel que las dice, el lugar, situación y tiempo en que las dice.

Entonces, en caso “de”: siempre afirmar que no hubo intención. “Se me salió, no me acuerdo, se me deslizó, se me escurrió, fluyó en forma descontrolada” etcéteras.

La policía chilena golpea brutalmente en la entrada de un Colegio a unos estudiantes, a la par, otros egregios Carabineros bombardean con gas lacrimógeno el recinto. Desde adentro un coro de voces temblorosas grita:

“Vosotros cumplís con vuestro deber, pero os instamos a que depongáis vuestra actitud beligerante para con nosotros por razones históricas, epistemológicas, humanistas y antropológicas” Podrán imaginar la respuesta por parte del personal de la institución. Una amiga psiquíatra me porfía todo el tiempo lo mismo. No me rebajaré al mismo nivel que ellos.

Mientras protesta frente a La Moneda un policía la toma del brazo intentando arrestarla, ella, ipso-facto le dice al Carabinero en Cuestión.: “Usted es un abusivo, insensible estólido que sólo exacerba sus instintos brutales contra los más indefensos”

“Sube pa´ rriba maraca tal por cual” Le exclaman en forma bastante clara y entendible una vez más. Si vas a Roma, has como en Roma.

Quizás me fui para otro lado con el texto, pero me quedé pensando en aquello de las injurias acompañadas de expresiones soeces. (Que de sólo pensarlas me tiemblan las manos).

La grosería en situaciones determinadas, especialmente contra situaciones injustas y brutales, resulta ser un arma popular, de lo único que se tiene a mano. Netamente popular, del pueblo, creada, fraguada por años en contra de las injusticias y otras delicias. Es la expresión de desahogo frente al dolor, la impotencia, la rabia, la molestia, las infamias e inequidades. Es el reemplazo de misiles nucleares, de fusiles estatales, de garrotes gubernamentales.

Recuerdo cuánto ladran algunos personajillos contra el supuesto Totalitarismo inmovilizante de ciertos sistemas.

Ahora en este sistema capitalista, “carnaval de derechos y libertades” se prohíbe hablar en determinados tonos o entonaciones. ¿El lenguaje con las manos también estará coartado, penalizado?, ¿Las miradas muy penetrantes, la postura al encarar a un policía, los pensamientos futuros? ¿Instalarán confesionarios donde todo aquel que “confiese” sentir molestia contra el brazo armado del empresariado será excomulgado, aunque obviamente antes azotado?

No obstante, seamos razonables. Cuando Carabineros de Chile intervenga en situaciones de protestas estudiantiles, marchas a favor de los Derechos Humanos, Huelgas buscando sueldos dignos, allanamientos y golpizas brutales contra los Mapuche, paros portuarios o sanitarios, es menester tratar de actuar de la mejor manera posible, evitando decir cosas sin una justificación inteligente, ilustrativa y educada. Evitar los comentarios fuertes sin reflexionar profundamente antes, soslayando expresiones soeces o vulgares que pudieren alterar, problematizar, obstaculizar ó entorpecer la digna función que estos cumplen. Eso es lo ideal y lo más inteligente.

Sin embargo, y tengo que ser honesto, estoy totalmente en desacuerdo conmigo mismo. Porque cuando a uno se le tortura, se le degrada ¿Qué se supone que uno debe decir?, cuando le hunden reiteradas veces la luma sobre las costillas, cuando se paran sobre las espaldas de los detenidos a conversar. Cuando usan y abusan del podercillo de poca monta que el capital les ha otorgado para que defiendan las granjerías, lucros, y ganancias de los explotadores de todo un pueblo y ellos no trepidan en maltratar, destruir, humillar y devastar todo a su paso ¿Qué hacer, qué decir?

El Respeto se gana, no se impone con leyes, normas o garrotes.

La mejor manera de defender y velar por la buena honra y reputación de la Policía, el mejor gesto que se puede realizar, es otorgarles educación, acceso a ella, derecho a perfeccionarse. No en el cómo torturar, no en el arte de disparar primero y averiguar después. No que sólo los Señoritos hijos de banqueros, empresarios y generales tengan derecho a ingresar a las Escuelas matrices de suboficiales y oficiales que serán los que manden y dictaminen a la tropa rasa el día de mañana como mozos, jardineros o represores.

Educación, esa misma Educación que los niños salen a reivindicar y luchar mano a mano a las calles en esa protesta que busca que en el futuro todos tengan el justo derecho y acceso a la educación y no terminar siendo carniceros, verdugos o asesinos porque no hay más donde poder elegir u optar.

Como epílogo, es de esperar que mientras la ley del maltrato verbal no se apruebe, Carabineros y la Policía de Chile mantengan el valor, el temple, el tímpano inquebrantable mientras tanto y sepan superar y aguantar cualquier ignominia, injuria, u oprobio que pudiere pulular en el ambiente hostil en el cual se desenvuelven muchas veces y que afecte sus sacrosantos oídos límpidos y doncellescos.

ESPECIALMENTE PORQUE LOS PACOS SE CREEN ENTERO É CHORIZOS PERO SON ENTERO POLLOS…

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YANACONAS EN EL PODER

LA DEMAGOGA VESTIDA DE LUTO

Cuando el Gobierno de la señora Bachelet beatifica al jerarca policial está haciéndose cómplice, pues, de una gestión institucional que cuando menos debiera suscitar dudas.
Durante el período de la dictadura, los dueños del poder político, económico y mediático descalificaron sistemáticamente las denuncias de organismos internacionales, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y entidades como la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica. En plena democracia constituye una torpeza o un delito ético hacerse los locos frente a denuncias tan fundamentadas y serias que se vienen repitiendo en forma sistemática, pero que no merecen mayor espacio en la prensa ni una preocupación en serio por parte de los políticos supuestamente humanistas y sensibles que nos gobiernan.
Por otro lado, en el último tiempo se ha observado una creciente agresividad de Carabineros contra quienes protagonizan protestas en las calles. En meses recientes hemos sido testigos de la aparición de una nueva falange de policías a caballo y que en su diestra empuñan un látigo, al estilo del imperio zarista, para reprimir manifestaciones incluso pacíficas. Se trata de funcionarios que muestran un descontrol u odio que mueve a pensar que están fuera de sus cabales.
El General Alejandro Bernales se mostró locuaz para acuñar frases vacías como aquella de que "quien mata a un carabinero mata al país" (¿y el que mata a un obrero o una dueña de casa, ¿no mata también al país, o es que acaso existen chilenos de primera, segunda, tercera y quinta categoría?.
Lejanos parecen los tiempos, a comienzos del Gobierno de Bachelet, en que ésta, ante un testimonio de camarógrafos de televisión que mostraron los excesos en que incurría la fuerza policial para aplastar a "los pingüinos", desautorizó públicamente el quehacer de Carabineros y exigió la renuncia del oficial a cargo de esa brigada. La señora Bachelet está ahora mucho más empeñada en desalentar todo intento de protesta en contra de su persona o su gestión y, por lo tanto, ha ido dando carta cada vez más amplia a los efectivos policiales para que por pura presencia (mediante la exhibición casi pornográfica de su arsenal de represión) o con una reacción de bestialidad inmediata desalienten a los potenciales protestantes. No sólo a los vándalos, a los cuales sería muy fácil identificar y controlar, si hubiese verdadero deseo de hacerlo, sino a los ciudadanos decentes, que tienen tantos motivos para reclamar y protestar.
CHILENITOS SUMISOS Y SERVILES
En el pueblo chileno está muy arraigada la mentalidad autoritaria, al punto que en 1988 el General Augusto Pinochet, al cabo de quince años de cruel dictadura, obtuvo más del 43% de los votos. La forma en que se educa a niños y jóvenes, la prédica abierta o subliminal de los medios de comunicación y el funcionamiento mismo de la sociedad coadyuvan a que el autoritarismo sea la ideología que mueve no sólo a los miembros de clase dirigente, sino también, lo que es más triste, a los de abajo, a los que por generaciones se han habituado a ser explotados o pisoteados y que sólo saben reaccionar con estallidos estériles de vandalismo y con agresión contra de los de su misma condición, incluida la violencia intrafamiliar.
La mentalidad autoritaria nos empequeñece como personas y pueblo y es uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento de la competitividad del país. Al mismo tiempo, es una de las causas del enorme prestigio de que goza Carabineros entre la ciudadanía, pese al auge de la delincuencia, la sensación de inseguridad que aflige a vastos sectores del país y la hemorragia incesante de vidas en "accidentes" de tránsito.
Siglos de vigencia de una mentalidad yanacona explican que haya en Chile tan poca consideración por los ciudadanos y tanta admiración frente a los uniformes, las jerarquías militares, las autoridades y el trato prepotente y las granjerías para quienes detentan el poder económico o armado.
La tierna Presidenta Michelle Bachelet, la misma que se emocionó hasta las lágrimas al evocar la memoria del fallecido General de Carabineros, no ha mostrado la misma sensibilidad frente a los atropellos de que son víctimas los mapuches, ni ante la huelga de hambre de más de cien días que protagonizó hace poco una de las condenadas por la aplicación abusiva, según diversos juristas de organismos internacionales, de la Ley Antiterrorista contra dirigentes de esa etnia.

A comienzos de 2008, el codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, hijo del ex Presidente de la República, lamentó la muerte del joven Matías Catrileo Quezada, quien falleció
en un enfrentamiento con Carabineros y acusó una represión histórica por parte del Gobierno. "No es posible que un Estado democrático, que contribuye con su voto a adoptar decisión de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos, tenga como política central en relación a los pueblos indígenas, y en particular al pueblo mapuche, la represión", criticó el abogado. Una represión de la cual el General Bernales fue un útil y hasta entusiasta instrumento.
La propia Iglesia Católica, de la cual fue durante toda su vida un devoto seguidor, el ahora extinto General Bernales, ha levantado un severo diagnóstico acerca de la represión de que viene siendo objeto desde fines de los 90 las comunidades mapuches en la zona de la Araucanía. A comienzos de 2008, en una declaración que fue prácticamente silenciada por la gran prensa e ignorada por el Gobierno, al igual que sucedía bajo la dictadura con los alegatos eclesiales en favor de los DDHH, la Conferencia Episcopal emitió una carta pastoral de sugerente nombre: "La paz en la Araucanía, fruto de la justicia". El documento señala que "lamentablemente la preocupación por el pueblo mapuche que amplios sectores ciudadanos dicen manifestar, no se condice con un esfuerzo real por escuchar la voz de sus dirigentes representativos y por comprenderlos en su propia cultura".
El General Bernales no parece haberse jugado por escuchar el clamor del pueblo mapuche y se mostró incapaz de poner coto a los abusos perpetrados contra estos chilenos, tan severamente denunciados por organismos internacionales. Apenas tres o cuatro días antes de la trágica muerte del General, se daba a conocer un nuevo informe de Amnistía Internacional en la que destacaba como un punto negro en el caso de Chile, los abusos que se perpetran contra ese pueblo aborigen. El mencionado informe cuestiona severamente la aplicación de la legislación antiterrorista a los comuneros y recoge la recomendación planteada por otras instituciones humanitarias, para que los derechos de los pueblos indígenas sean incorporados a la Constitución Política de Chile. Amnesty adhería a la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la aplicación de la legislación antiterrorista y los activistas mapuches. En consecuencia, hay antecedentes de organismos internacionales serios que proyectan una sombra de duda respecto de la actuación del General Bernales.
Ciertamente, la muerte trágica de cualquier persona merece solidaridad para con sus deudos y es evidente, por otro lado, que si la víctima es alguien de connotación, ello suscita el interés de los medios de comunicación. Pero la reacción que se ha observado en Chile ante la muerte trágica del General Bernales, constituye un exceso que deja al desnudo la levedad de nuestra democracia y el escaso espíritu crítico de ciudadanos que han degenerado básicamente en consumidores.

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LOS NAZIS EN CHILE

KRUGER dijo

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LA JUSTICIA TARDA, PERO LLEGA...

el clavo
dijo:
La terrible historia jamás contada...

Paine...Valle del encanto
La vida a comienzos de los años 70. un pueblito llamado Paine era apacible. Todos los vecinos se conocían y compartían la alegría de saberse iguales y tener causas comunes para el trabajo y la vida en general. Nada hacia presagiar una pesadilla que se gestaba y que crecería de la mano de un poder siniestro cargado de balas y sonrisas burlonas que festejaban con el
dolor ajeno. ¡Y todos los habitantes se conocían! El carabinero del pueblo con
el vecino de más allá, todos convivían y compartían. Pero eso es lo increíble,
ya que cuando aparecieron las primeras garras de inhumanidad gestadas en la dictadura militar, los vencedores abusaron de su poder y de sus armas y
arremetieron con todos y contra todos, olvidando el sabor y aroma del suelo
campesino. Un suelo que jamás hizo daño a nadie y que nunca más, después del manto negro de la muerte, volvió a ser lo mismo, porque la sangre que corrió nose detendrá hasta el día en que la justicia llegue para los campesinos que dejaron sus ojotas junto a sus huesos como testigos de un crimen que hasta hoy perdura.

Para Alejandro Bustos, el “colorín”, único sobreviviente de la matanza de Paine, los recuerdos son permanentes, por eso quiere justicia y rememora que tras el golpe de Estado algunos vecinos y conocidos cambiaron su
forma de ser y se convirtieron en asesinos, en mercenarios: “A esa altura yo
les gritaba que no sabía nada de nada y que no tenía tampoco armas, pero entróuno más grande y me levantó del pelo, "desde cuándo erís rojo" me
preguntó al oído, y yo le respondí que siempre había tenido el pelo rojo.
"No te hagai el estúpido", gritó indignado, "los rojos son los comunistas, güevón. A partir de ahí comienzan otra sarta de palos. Meta palos conmigo en la espalda y la cabeza, alcancé a reconocer entre los que me pegaban
a los carabineros Olguín, Reyes y Leiva, pero un poco después perdí el
conocimiento. Me despertaron con un balde de agua, no podía abrir los ojos, los tenía como pelotas. Me levantaron entre tres y me sentaron en una banca. "Tengo sed" les dije y mejor me hubiera quedado mudo, porque trajeron una jarra de vino y me obligaron a tragarlo. Les gritaba que no, pero me lo seguían echando hasta por las narices. Traté entonces de ponerme de pie, pero uno de ellos dijo, "a este guevón hay que amarrarlo, se está haciendo el leso". Vino otro entonces con un alambre y me amarró las manos atrás por la nuca, después me empujaron de la banca para dejarme botado en el suelo. Cuando empezó a oscurecer, sacaron unas chuicas de vino y empezaron a prender fuego para un asado. Había carabineros y civiles, casi todos camioneros.
Estaban los Carrasco, el Tito y el Toño Ruiz Tagle, el peluquero Aguilera, el
Pato Meza, Miguel González, Carlos Sánchez, el Jara, el Cristián Kast (Si!..el
mismo), Larraín, Suazo. Eran unos quince civiles y unos dieciocho carabineros,yo los veía desde mi rincón cómo se reían y emborrachaban, pero estaba muy quieto, porque cuando se acordaban de mí, se acercaban civiles o pacos a darme de puntapiés por las costillas”.

En Paine es donde mayor represión se hizo a la población en el país. Se
ensañaron más allá de cualquiera racionalidad. Para qué hablar de lo que es la ética a la doctrina militar que dio paso a la participación en los crímenes de
civiles, empresariados del transporte y agricultores de la zona, quienes por
una razón de venganza, reconocen a dirigentes campesinos y simples personas, para cometer sus crímenes. Para realizarlos proporcionaron sus propios vehículos, armas y participaron en los pelotones de fusilamientos.
Todo un conjuntos de antecedentes que retrata de cuerpo entero los
métodos y las conductas del régimen más sanguinario que nunca haya existido en la historia de nuestro país. Todo esto, en contra de un grupo de campesinos pacíficos y desarmados, cuyo único “pecado” fue defender y reinvindicar los derechos de sus compañeros. Todo crimen que cometió la dictadura fue horroroso. Cuál más siniestro e innecesario. Miles de personas que perdieron la vida a manos de militares que en concomitancia con civiles, algunos de la lúgubre Patria y Libertad, hirieron lo más profundo de un país: su gente, su pueblo.

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